Quarta-feira, 14 de Julho de 2010

Carta de Barcelona - O futebol ao serviço da política centralista

 A. Vidal

Josep A. Vidal


Una vez más la parafernalia del Mundial de fútbol ha prestado oportunamente servicio a la política ayudando a silenciar los ecos de la manifestación del pasado sábado en Barcelona, un acto de afirmación y defensa de la identidad y la dignidad catalanas.


Es fácil decir que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña es un despropósito, un disparate, un ataque... Porque lo es, sin duda, al margen de la consideración que merezcan a unos y otros las argumentaciones y contraargumentaciones jurídicas esgrimidas por los miembros del tribunal. Es un despropósito ya desde su origen, pero sobre todo lo es por su desenlace; porque los miembros del Tribunal –que han necesitado cuatro años y toneladas de ridículo para ponerse de acuerdo– han venido a sentenciar que, salvo ellos, nadie en este país es capaz de leer, entender o interpretar adecuadamenta la Constitución española, ni siquiera los juristas, economistas y expertos de todo tipo que participaron en la redacción, el debate y la aprobación del Estatuto de Cataluña. Para los doce miembros del Tribunal Constitucional –uno de ellos fallecido y no sustituido–, todos aquellos juristas y expertos, asesores y políticos que intervinieron en el proceso parlamentario y que –después de mucha discusión, mucho recorte y mucho pacto– consideraron que el Estatuto de Cataluña se ajustaba suficientemente a la Constitución, son, según se ha visto, unos perfectos ignorantes en legislación.


Pero, por si el escándalo fuera poco, el Tribunal Constitucional –con el beneplácito de los dos grandes partidos de ámbito estatal: PP y PSOE– ha dejado pasar cuatro años de legislatura del Parlamento catalán y de gobierno de la Generalitat de Catalunya con el nuevo Estatuto en vigor. Cuatro años de legislatura equivalen a un gran número de leyes discutidas y aprobadas por el Parlament de Catalunya, de negociaciones y acuerdos de gobierno establecidos con unos y otros, de previsiones presupuestarias y compromisos contraídos, que ahora, a la luz de la sentencia, habrá que revisar y, en lo que proceda o en su totalidad, dejar sin efecto. Ningún país democrático y dotado de sentido común político debería permitirse un disparate semejante, y mucho menos debería dejar el control constitucional en manos de personas cuya trayectoria y cuyo posicionamiento ideológico los tiene anclados en el pasado y no son garantía de objetividad.

Pero definir como despropósito una sentencia argumentada es un simple desahogo, no tiene ninguna eficacia jurídica ni argumentativa. Por eso prefiero ver la sentencia y la actuación del Tribunal Constitucional como una “radiografía” de la realidad política española. Probablemente estoy llamando “radiografía” a algo que Valle-Inclán denominó “esperpento”: la visión de la realidad a contraluz, o en un espejo cóncavo, que nos muestra el poso trágico de sus contradicciones más profundas.

El gran mal de España, lo que impide que este país fragüe en la historia y en el mundo de hoy, es que se detesta a sí misma. A fuerza de imágenes distorsionadas –como los espejos cóncavos del esperpento valleinclanesco–, de espejismos ilusorios, de grandezas y miserias, de prejuicios y desconfianzas, de desprecios y arrogancias, ha destruido siempre lo mejor de sí misma. “For each man kills the thing he loves” (cada hombre mata lo que ama), dice Wilde en su Balada de la cárcel de Reading. De igual modo el nacionalismo español es la losa con que se ahoga la vida de este país; a fuerza de amar la imagen ilusoria de un país inexistente, de imaginarlo monolítico, unilingüe, mesiánico, es incapaz de amar su propia esencia, plural y diversa, plurilingüe, con una riqueza cultural extraordinaria y con valores y méritos suficientes –en esa su realidad no aceptada– para contribuir, desde la pluralidad, al desarrollo y la armonización de un proyecto político integrador que fuera también presencia integradora en un mundo plural, multilingüe, multicultural.

Por eso precisamente, como señalaba J. M. Brunet en las páginas de La Vanguardia (“Un fallo lleno de prejuicios y castillos en el aire”) del pasado sábado día 10, la sentencia del Tribunal Constitucional no se ha emitido desde el articulado de la ley, sino desde la prevención, desde el prejuicio. No se ha emitido para contribuir con el dictamen jurídico a la gobernación constitucional del país, sino para prevenir excesos y desviaciones. No es jurídica –o no lo es exclusivamente–, sino, ante todo, como señala certeramente el articulista, “preventiva y terapéutica”.

Con superficial inconsciencia, destacados miembros de la política española han dicho que la sentencia respeta más del 90% de la ley. Pero también en el seno del Tribunal Constitucional –cuyos miembros han tenido que pactar el veredito– hay quien lamenta no haber podido llegar más lejos en los recortes. Lo cierto es que, con independencia del tanto por ciento conservado, los recortes se han aplicado con precisión quirúrgica:

- El término “nación” puede exhibirse en relación con la cultura, la lengua y lo privado, pero no tiene validez jurídica, porque no hay más nación que la española en términos jurídico-constitucionales.

- El pueblo catalán no es sujeto jurídico, por lo que la soberanía corresponde al pueblo español en exclusiva.

- El único fundamento jurídico del autogobierno es la Constitución. No existen, en el caso de Cataluña –a diferencia de lo que ocurre con Navarra y el País Vasco– razones históricas con validez jurídica.

- La lengua catalana, oficial junto con la lengua castellana, es de uso normal, pero no preferente. Por tanto, en Cataluña no va a ser posible hacer efectiva la disponibilidad lingüística –es decir, la posibilidad de ser atendido en catalán o castellano en cualquier lugar, según los usos lingüísticos del ciudadano, comprador, cliente, etc.–, salvo en la relación con los poderes públicos. En la enseñanza, se reconoce el derecho a recibir las clases en catalán, pero se apunta hacia el establecimiento de facto de una doble vía para la enseñanza –que espero que no llegue a hacerse realidad– que produciría la segregación de dos líneas, en catalán y en castellano, como ocurre en la Comunidad Valenciana, donde el cisma lingüístico es escandaloso.

- La relación entre Cataluña y el Estado no es una relación entre iguales. Por tanto, los organismos estatales podrían actuar jerárquicamente sobre los organismos autonómicos aunque las competencias hayan sido transferidas al gobierno de Cataluña (?).

- Se suprime la obligación del Estado de invertir en infraestructuras en Cataluña en función del PIB catalán. Dicha obligación –uno de los grandes logros del Estatuto, que podría paliar el déficit histórico de la inversión estatal en infraestructuras– no es considerada vinculante para el Estado.

- En cuanto a la fiscalidad, se elimina la obligación de tener en cuenta el esfuerzo fiscal de las distintas autonomías a la hora de determinar la contribución a los fondos de solidaridad y compensación territorial, por lo que la decisión vuelve a quedar al arbitrio del Estado, con independencia del sacrificio –y el ahogamiento– que pueda producir en la economía catalana.

- Se echa por tierra la reorganización del territorio en “vegueries”, un tipo de división territorial más ágil y ajustado a la realidad que las provincias. El Tribunal acepta que pueda implantarse una división en “vegueries”, siempre y cuando las siete previstas por la ley catalana que se está debatiendo se conviertan en cuatro y sus límites territoriales coincidan con los de las cuatro provincias actuales. Es decir, un simple cambio de nombres.

En resumen, toda la voluntad de concreción del Estatuto, que pretendía cerrar una práctica política basada en la “lectura interpretativa” y en la “discusión permanente” que imponía un esfuerzo desproporcionado para dar cada paso; la voluntad de recomponer desde criterios de equidad y equilibrio territorial basados en la solidaridad pero no en la expoliación ni en el abuso; la identidad jurídica, y algunas otras cosas esenciales para Cataluña han recibido un hachazo que significa el retorno a la ambigüedad, a la subordinación y al sometimiento...

Con la posibilidad añadida de que se sume a todo ello –en mayor o menor grado– el menosprecio injusto, la arrogancia ignorante o el escarnio culpable que tan a menudo utiliza el nacionalismo español –ya sean medios de comunicación, instituciones o particulares– como respuesta a lo que ellos denominan con hastío “el incorregible victimismo de los catalanes”.

publicado por Carlos Loures às 11:00
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Sexta-feira, 4 de Junho de 2010

Outra Constituição, outra Democracia, uma Terceira República –18

Carlos Leça da Veiga

A Democracia do ser, do ter e do saber (continuação)

Numa República, como já atrás está referido, para ser diferente duma Monarquia – para ser um regime democrático – a figura do chefe de Estado não pode existir. Assim, de facto, convêm repetir, só há uma república no mundo, a da Helvécia.

No modelo constitucional parlamentar usado em Portugal o legislativo nacional, para além de determinar qual é executivo é, também, o instrumento privilegiado da vigilância permanente dos actos governativos. O programa do governo têm de ter a aprovação prévia do legislativo e, também, a própria competência política do governo, na sua quase totalidade (Artigo 197.º da Constituição), que não as competências legislativa e administrativa, tem de ser sujeita à apreciação do parlamento. Como se isso não bastasse para adulterar a regra montesquiana da separação das funções do poder do Estado, o legislativo possui o direito de interferir, decidida e decisivamente embora com o consentimento do chamado chefe do Estado – um verdadeiro atentado à Democracia – na organização de instâncias da Justiça, qualquer delas com importância evidente para o funcionamento da Democracia desde que, acentue-se, tenham uma separação totalmente completa dos outros Órgãos de Soberania, uma particularidade decisiva jamais possível de cumprir-se com o estatuto constitucional agora em curso. Estão neste caso o Conselho Superior da Magistratura, o Tribunal Constitucional e o Tribunal de Contas com o que, desse modo, é impedida a separação efectiva e real das três funções fundamentais do poder do Estado. O legislativo, enquanto como tal, só deve legislar por iniciativa própria, imediata ou mediata, esta última, a solicitação, por direito próprio, do Conselho Presidencial, a pedido da Assembleia Judicial ou, democraticamente, a pedido dum determinado número de eleitores. A questão da separação das funções do poder de Estado é um problema basilar para desenhar uma arquitectura francamente melhorada da Democracia e, em seu favor, é obrigatório darem-se os passos mais consentâneos com a ponderação objectiva do nível de diferenciação e complexidade da estrutura social dos nossos dias, da necessidade imperiosa de atender-se à participação política dos cidadãos e, por igual, com respeito extremo dos imperativos da equidade da Justiça Social.

O imobilismo das concepções constitucionais parlamentar e presidencial tal como estão em vigor – sejam quais forem as suas variedades – não pode continuar a ser ditado pelo pensamento político, cultural, económico e social velho dalguns séculos quando a Democracia era, tão-somente, um regalo para a minoria dos possidentes do ter, do ser e de muito pouco saber. Hoje – isso tem de ser uma regra da Democracia universal – exige-se dar a melhor resposta possível a todos, que todos, perante a lei, sem excepção, mau grado as diferenças sociais vigentes, têm o direito inalienável de serem considerados como os detentores legítimos do ser, do saber e do ter.

Tem de haver um dispositivo constitucional nacional a que deve caber a totalidade da função judicial e judiciária e, para tal e tanto, deverá existir um corpo eleitoral próprio, com um calendário eleitoral desfasado daquele do corpo legislativo que terá de ser – por ser necessário e por ser justo – o mesmo que elege o legislativo nacional, porém, para evitar sobreposições indesejáveis, terá de ter círculos eleitorais diferentes geradores da composição duma Assembleia Judicial. A Justiça, cujo mau funcionamento – para não adjectivá-lo com a rispidez mais adequada – tem sido um empecilho inaceitável para a população, essa, tem de passar a estar separada, por inteiro e por completo, das outras funções do poder do Estado. Antever a existência duma Assembleia Judicial não pretende ser a criação duma outra câmara à semelhança do que existe tanto em alguns regimes monarquistas ou republicanos parlamentaristas como, por igual, naqueles republicanos presidencialistas. Não parece correcto defender-se um regime de duas câmaras com hierarquização de poder mas sim, apenas, ao eleger uma Assembleia Judicial, garantir que os Tribunais – e todo o aparelho da Justiça – passem a depender em directo e em exclusivo da vontade democrática deliberada pela Assembleia Judicial. Os deputados legislativos e os deputados judiciais – mas não só, como veremos – para efeitos deliberativos sobre certas matérias (alterações constitucionais, orçamento do estado, aprovação de tratados, declarações de estados de sítio, emergência, guerra e paz) constituir-se-ão como uma parte dum Congresso da República.

Só com uma separação absoluta das funções executiva, legislativa e judicial é que será possível, com o rigor necessário e com aquele mais possível, criar um sistema de vigilância recíproca, virtuoso e exequível, por exacto, o dos “checks and balances” dos norte-americanos ou aquele do “le pouvoir arrête le pouvoir” vindo do estado francês.

O sistema constitucional em vigor em Portugal – nenhum dos demais é exemplo satisfatório – vive da herança dum passado em que a defesa da liberdade era a sua feição dominante. Embora no texto actual haja uma explanação extensa e bem detalhada doutras virtudes que não só as da liberdade política, na verdade, as possibilidades reais das suas efectivações são mais que diminutas e tal como estão prescritas, à partida, liquidam qualquer direito de reclamação com mais significado para o eleitor do que aquele duma simples declaração de repudio ou duma manifestação de indignação cuja resposta mais tradicional manda que quaisquer insurgentes devam aguardar uma eventual resposta política num próximo acto eleitoral legislativo.

Hoje em dia a exigência da população tem de ir ao ponto de não poder descurar-se que o principio da igualdade, de cada um e de todos, perante a lei é coisa inseparável duma igualdade efectiva de oportunidades para todos, uma particularidade assegurada por força dum acesso garantido aos recursos básicos da sociedade cuja equidade distributiva tem de ser medida pelo principio diferencial de as desigualdades sociais deverem resultar em benefícios dos menos desfavorecidos. A igualdade liberal – a formal – é a única que tudo indica poder dizer-se estar garantida completa e decisivamente pelo actual texto constitucional português. A igualdade democrática – a substantiva – não será por ter a dignidade de ver-se indicada na Constituição do Estado português que, de facto, pode considerar-se uma realidade social verdadeiramente tangível.

A Democracia do ser, saber e ter é a maior exigência política dos tempos que correm e a sua concretização mais ou menos concertada não pode viver da mera contestação e reivindicação sindicais – como tem sido – outro sim, duma luta política por um texto constitucional que, sem ter duas leituras possíveis, assegure com rigor e precisão, duma vez por todas, a trilogia da igualdade, da liberdade e da fraternidade sem cuja, a consequente solidariedade social é afectada e, como é óbvio, no caso nacional – o que, agora, mais interessa – os resultados estão à vista. Se, para muitos – essa trilogia – já não passa duma expressão serôdia de exaltação democrática importa, agora, voltar a reafirmá-la e impô-la como o obstáculo mais sério a opor com firmeza não só aos conceitos sócio-políticos liberais como, também, aos do colectivismo. Se os primeiros incompatibilizam a liberdade com a igualdade, os segundos incompatibilizam a igualdade com a liberdade. Se os liberais decretam que liberdade e igualdade, uma e outra, por força das regras do mercado – regras com suporte falho de objectividade positiva – não têm de ter sentidos coincidentes e privilegiam a liberdade, os colectivistas – com falhas não menos importantes – insistem que o primado da igualdade, por contingência, pode ter de prejudicar o da liberdade. O bipé que junta a liberdade com a igualdade não consegue sustentar-se sem dispor daquele outro braço que é o da fraternidade. Esta fórmula inaugural da contemporaneidade tem de ter uma tradução constitucional sólida, indestrutível e com um só sentido interpretativo.
publicado por Carlos Loures às 21:00
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